El expolio de Endesa: una «venta al mejor postor»

El expolio de Endesa: una «venta al mejor postor»

El secretario general de UGT en la compañía, Manuel Jaramillo, escribió una carta a la directiva criticando su falta de responsabilidad: "La voluntad última de Endesa es generar dividendos para Enel a costa del salario y de los derechos de los trabajadores"
14 noviembre, 2018
Luis Casal
El consejero delegado de Enel, Francesco Starace (izq), y el presidente de Endesa, Borja Prado (der). Foto: EP.
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El expolio de Endesa: una «venta al mejor postor»

Luis Casal
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El futuro de Endesa, y por tanto de sus trabajadores, se encuentra «en gravísimo riesgo». Así lo señala el secretario general de UGT de la compañía, Manuel Jaramillo, en una carta enviada a su consejero delegado, José Bogas, en el cargo desde 2014. El sindicato culpa del expolio de la empresa a su máximo accionista, la multinacional italiana Enel (70%), que en los últimos años ha sumido a la firma «en un proceso constante de descapitalización, desinversión y externalización de actividades que destruye el empleo estable» ante la pasividad de los dirigentes españoles, que han eludido su «responsabilidad social corporativa» en defensa de los empleados.

UGT, sindicato mayoritario entre la plantilla, envió la carta el pasado mes de junio con copia a los consejeros independientes para demandar respuestas a la dirección de la compañía, «cómplices, cuando menos pasivos, del expolio que Enel está llevando a cabo en Endesa». Este «expolio» no ha sido un hecho puntual, sino que lleva perpetrándose desde que los italianos se adueñaron de la práctica totalidad de la empresa allá por el año 2009. Casi diez años de liquidación continua por parte de una multinacional cuyo mayor accionista es el Gobierno de Italia, país en el que tributa.

El sindicato cree que Endesa está generando dividendos para luego «venderla o trocearla al mejor postor».

Por aquel entonces el líder de la empresa era Manuel Pizarro, designado en el 2002 por el Partido Popular, partido por el que años más tarde ejercería como diputado nacional. Bajo su mandato comenzó un proceso de liquidación que terminaría situando a la compañía bajo el accionariado italiano. Desde el desembarco total de Enel, Endesa ha perdido más del 50% de su valor bursátil, generado una deuda superior a los 6.640 millones de euros, reducido los activos en Latinoamérica y trasladado gestiones no solo hacia Roma, sino a subcontratas en India y Rumanía -tesorería y nóminas-.

Como ya explicábamos en otro artículo sobre el asunto, los beneficios de 2017 no corrieron un destino mejor. De los casi 1.500 millones generados ese año, más de un 96% fueron repartidos en dividendos: Endesa se hace más atractiva para el accionariado, sí, pero a costa de su descapitalización. También en detrimento de los trabajadores. Mientras que los beneficios crecen un 10% anual, los gastos de personal no paran de reducirse y la deuda externa no deja de subir (33,2%).

«Estamos en condiciones de afirmar, en plena conciencia de su gravedad, que la voluntad última de Endesa es generar dividendos para Enel a costa del salario y de los derechos de los trabajadores, terminar un proceso consciente y planificado de descapitalización y, finalmente, venderla o trocearla para su venta al mejor postor”, resume Jaramillo en su carta a la directiva.

«Reclamamos que asuman su responsabilidad social corporativa y la defensa de nuestra compañía».

El problema está claro, pero una posible solución aparece reflejada en los mismos Estatutos Sociales de Endesa. Según su artículo 62, el protocolo establece que, si existiesen pérdidas de ejercicios anteriores, el beneficio debería destinarse a la compensación de estas pérdidas, pero hasta ahora nunca ha llegado a aplicarse. Si hay una deuda y no se destinan beneficios para dispensarla, la supervivencia de la compañía estará en peligro, como señalan los trabajadores. 

Sobre este asunto, UGT apuesta en su carta por adoptar una deriva bien distinta: «Ocupación efectiva, salidas dignas, fidelización de la plantilla y renovación progresiva pero pactada». Por ello, Jaramillo reclama a los altos cargos al frente de Endesa que «asuman su responsabilidad social corporativa y la defensa de nuestra compañía, que fue líder y referencia del sector eléctrico y debe volver a serlo». Así, se insta a los altos cargos a «que se involucren en la adopción de cuantas decisiones y medidas sean necesarias para garantizar la viabilidad, continuidad y sostenibilidad«.

Sin contar con los trabajadores

Al final, las decisiones que se han tomado en los despachos no han tenido en cuenta la opinión de los trabajadores en España, plantilla que ha caído cerca de un 29% frente al 6% de Enel. Ante esta situación, los sindicatos exigen el cese de la descapitalización y que se proteja más a los empleados, actualmente en stand by tras fracasar sus negociaciones en el V Convenio Marco. Tras alrededor de 40 reuniones con el consejo de administración, la directiva ha apostado por mantener la línea de los convenios anteriores (IV), establecidos en contextos de crisis económica y con implicaciones en la precarización y recortes de plantilla.

«Durante las negociaciones en 2012 y 2013 del IV Convenio Marco (…) la UGT fue plenamente consciente de los difíciles momentos que atravesaban la economía y las empresas en general en nuestro país», señala la carta de Jaramillo. El secretario general del sindicato mayoritario asegura que la empresa «ha respondido nuestro esfuerzo [por cooperar responsablemente] (…) presentándonos un marco de negociación cuyo único objetivo es la reducción de salarios y derechos de los trabajadores con el pretexto de una supuesta flexibilidad, modernidad, productividad y competitividad», una opinión que comparten con otros sindicatos como CCOO.

«Nos estamos planteando empezar con movilizaciones serias y paros dentro de la empresa», señalan a LA MIRADA COMÚN fuentes de estos últimos, hartos de que la expropiación de beneficios a los trabajadores se invierta únicamente entre los sueldos de los accionistas.

Estos, según aseguran los sindicatos, han sido los responsables de desmantelar la empresa, de expoliar su patrimonio y de recortar derechos de los trabajadores con el beneplácito de los grandes grupos de comunicación y de los Gobiernos de turno -responsables como José María Aznar acabarían ejerciendo como asesores de la compañía a su salida de la Moncloa-.


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