Endesa y Enel: el saqueo de la primera eléctrica española

Endesa y Enel: el saqueo de la primera eléctrica española

La compañía lleva diez años pagando impuestos en Italia y distribuyendo prácticamente el 100% de sus beneficios a accionistas y directivos.
20 octubre, 2018
Luis Casal
La sede de Endesa en Madrid. RF.
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Endesa y Enel: el saqueo de la primera eléctrica española

Luis Casal
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En el año 2006, Endesa era la primera eléctrica en España, tenía más de 27.000 empleados y era la joya de la corona de nuestras empresas públicas. En la actualidad, la que fuera un referente del sector en Europa ha perdido casi el 70% de su plantilla y pertenece a Enel, una multinacional italiana que no ha dudado en recortar los derechos de los trabajadores y descapitalizar la empresa, dejando de lado cerca de 18.000 puestos de trabajo y multitud de acciones en Latinoamérica.

Todo comenzó en 1988. Felipe González acababa de sacar a bolsa el 25% del capital de la compañía y, tras el cambio de Gobierno, José María Aznar sería el encargado de terminar el trabajo una década después. El conservador, que acabaría con un puesto de asesor externo en la empresa, completó la privatización justo en el momento en el que se hacía con el control de Enersis, el grupo energético latinoamericano. Por aquel entonces, Endesa había apostado fuertemente por sus empresas de Chile, Colombia, Argentina, Perú y Brasil, que terminaron por convertirse en la punta de lanza de la inversión española y europea en América Latina.

Endesa fue desmantelada por Enel mientras repartía los beneficios entre sus directivos.

Pero los años pasaron y, tras una serie de OPAs hostiles para hacerse con el control de la empresa, la junta extraordinaria de accionistas aprobó en el año 2007 una serie de limitaciones que dejaron vía libre de compra para Acciona y Enel. Dos años más tarde, la italiana se hizo con los valores de Acciona y se volvió la dueña casi absoluta de Endesa, controlando más del 92% de su capital social y designando presidente a Borja Prado (líder de ENERCLUB, el mayor lobby energético español), todavía al frente de la compañía.

Tras la operación, Enel logró el que era su auténtico objetivo desde el principio: controlar las antiguas filiales latinoamericanas y vender hasta el 30% de las acciones de Endesa. Desde entonces, la descapitalización, el saqueo y externalización de servicios han llevado a la empresa a ceder su gestión de tesorería y nóminas a subcontratas en India y Rumanía. A ello se le suma una caída en picado de los derechos de los trabajadores, una vara de medir que Enel no aplica de la misma forma en España que en Italia.

Parte del capital de Endesa se ha utilizado para pagar los impuestos de Enel en Italia.

Es una crítica compartida entre los tres sindicatos que conforman el comité de empresa –UGT, CCOO y SIE–, observadores pasivos de cómo la en otro tiempo gran empresa pública española reparte prácticamente todos sus beneficios (1.463 millones de euros netos en 2017) en dividendos entre los accionistas: 3,18 millones para el presidente Prado; 2,2 millones para José Bogas, consejero delegado.

Mientras tanto, el 70% del capital de Endesa (28.000 millones de euros desde 2009) sirve de palanca para pagar impuestos en Italia, desviar créditos hacia Enel y repartirse en dividendos a 1,342 euros por acción. En cuanto al negocio en Latinoamérica, Enel se dedicó en 2014 a vender acciones por valor de 8.253 millones de euros y repartir, una vez más, los beneficios en dividendos. En octubre de ese año, la compañía pediría un préstamo de otros 6.400 millones que terminarían endeudando a Endesa; el destino de ese dinero, a estas alturas, no sorprenderá a nadie: se repartió entre sus accionistas.

El consejero delegado de Enel, Francesco Starace (izq), y el presidente de Endesa, Borja Prado (der). Foto: EP.
El consejero delegado de Enel, Francesco Starace (izq), y el presidente de Endesa, Borja Prado (der). Foto: EP.

Los trabajadores, en pie de guerra

Ante este expolio, en el que no se ha tomado en cuenta la situación de los empleados españoles –unos 8.400 de los 27.000 que eran hace unos diez años–, los sindicatos han exigido que cese la descapitalización y se proteja más a los trabajadores. A este problema se le une la suspensión de negociaciones para el V Convenio Marco, que tras casi 40 reuniones continúa con una posición de bloqueo por parte de la directiva: precarizar la plantilla y recortar sus derechos.

«Nos estamos planteando empezar con movilizaciones serias y paros dentro de la empresa», señalan desde CCOO, hartos de que la expropiación de beneficios a los trabajadores se invierta únicamente entre los sueldos de los accionistas.

Porque todavía se siguen recortando derechos, pero lo que resulta incluso más curioso en las protestas de los trabajadores de Endesa es el silencio mediático que las acompaña. La explicación se da en las relaciones que los directivos de la compañía tienen con algunos de los principales conglomerados españoles de la comunicación, como Vocento, Mediaset, UTECA o PRISA, de los que muchos son consejeros. A estos lazos y cargos habría que añadirles el dinero que Endesa se gasta en publicidad y márketing, unos 6,7 millones (2016) que la sitúan como la cuarta empresa energética que más invierte en esta actividad, solo por detrás de Repsol, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, según el ránking de Infoadex.

Las concentraciones de más de 2000 trabajadores de Endesa no eran recogidas por los grandes grupos de comunicación.

Teniendo esto en cuenta es más fácil explicar las pocas noticias sobre las movilizaciones de los trabajadores, que en 2018 han tenido especial protagonismo -por su relevancia, que no por su exposición-. Hablamos de concentraciones como la de 1.500 empleados frente a la Embajada de Italia (marzo), la tensión de los 2.000 frente a la sede de la compañía (abril) o la protesta en la inauguración de la Liga Endesa de baloncesto (septiembre), en la que se produjeron varias agresiones a los manifestantes.

En general, tanto UGT (sindicato mayoritario) como CCOO y SIE consideran que el problema de las negociaciones con la directiva es una disputa que en muchos casos ha trascendido a Endesa y mancha las manos de los políticos, «responsables» –dicen– del expolio de la antigua joya de las empresas públicas. Y lo cierto es que podría haber una solución que pasase por las cámaras parlamentarias.

«Deben imponerse, porque es su culpa. Entre todos tenemos que encontrar una salida para que Italia no acabe con la empresa», indica Manuel Jaramillo, responsable de UGT en la compañía. El sindicalista señala que la defensa de Endesa debe de convertirse en una prioridad «para todos los partidos políticos», pidiendo una intervención para proteger a la que fuera primera eléctrica española.

Un golpe sobre la mesa

Lo cierto es que Jaramillo no anda desencaminado cuando afirma que el Gobierno podría intervenir. En países como Francia, Portugal, Italia o Alemania aún existen las conocidas como acciones de oro (golden share), unos derechos especiales que permiten a los Estados superar directamente a todos los accionistas de una empresa estratégica que esté siendo o haya sido sometida a un proceso de privatización. En este caso, el Gobierno podría desandar la senda de la privatización y aplicar una acción de oro para, por ejemplo, cotizar Endesa –irónicamente, Italia ha destacado en los últimos años por blindar Enel de inversores extranjeros con este método–.

Este régimen de control, históricamente condenado por ser contrario a la libre circulación de capitales en la UE, sería una de las herramientas que España podría utilizar para evitar el expolio de Endesa, cada vez más mermada. UGT y CCOO no entienden cómo es posible que el 70% de los beneficios de la empresa estén destinados a subsanar deudas italianas, cuando en teoría se trata de una empresa española: «Los políticos tienen que entender que tienen formas de meterse ahí, que no está todo perdido», comenta un delegado.

Y es que España no es ajena a este tipo de movimientos. A principios de siglo, el Gobierno de José María Aznar mantenía varias acciones de oro para blindar a empresas como Telefónica, Repsol, Tabacalera, Argentaria o a la propia Endesa, protegida de la injerencia extranjera. Si retirar la protección gubernamental propició la caída de la eléctrica, cabe preguntarse si su vuelta ayudaría a rescatarla.


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