La corrupción en Madrid ya tiene tres «responsables máximos»: Granados, González y Aguirre

La corrupción en Madrid ya tiene tres «responsables máximos»: Granados, González y Aguirre

Tras 3 años y medio de trabajo, la Comisión de Investigación sobre corrupción política en la Comunidad concluye que los dos expresidentes y su mano derecha son "los nombres más repetidos"
14 febrero, 2019
Arturo Tena
Francisco Granados, Ignacio Gonzáles y Esperanza Aguirre. Foto: EP.
  • Corrupción

La corrupción en Madrid ya tiene tres «responsables máximos»: Granados, González y Aguirre

Arturo Tena
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Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre. Son los tres exdirigentes del Partido Popular (PP), dos de ellos expresidentes de la Comunidad, que la Comisión de Investigación sobre corrupción política de la Asamblea en la región señala como «responsables máximos» de los casos ocurridos entre el 2007 y 2015.

La Comisión se constituyó en octubre de ese último año y, tras tres años y medio de análisis de documentos y declaraciones, concluye que «son muchos los responsables políticos», pero que esos tres nombres son los que «se repiten por encima de todos ellos y que son los máximos responsables del Gobierno de la Comunidad de Madrid».

En sus apreciaciones finales, la Comisión apunta que las instituciones gobernadas en la Comunidad «pudieron ser utilizadas» por el PP para obtener «beneficios «ilegítimos» en favor de interes partidistas, personales o empresariales». El documento de conclusiones especifica que pudo haber existido «desvío de fondos desde fundaciones o empresas contrastistas de la Comunidad», «beneficio» personal de algunas personas por el cobro de comisiones y  el trato de favor a «determinadas empresas» por «contratos irregulares o adjudicaciones a cambio de “favores”.

Esta Comisión No Permanente, de la que forman parte todos los grupos de la Cámara (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos), se ha lamentado también porque «el gobierno de la Comunidad de Madrid ha obstaculizado la investigación de la Comisión propiciando la injerencia de la Justicia en las labores parlamentarias al solicitar informes sobre la procedencia del envío de la documentación solicitada». Esto ha impedido que casos como de los Teatros del Canal o el de la empresa Alfedel no se pudiesen investigar.

La Comisión traslada la documentación a la Fiscalía para que tome medidas

Por último, la Comisión  anuncia que trasladará estas conclusiones a la Fiscalía General del Estado, a la Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada «para el ejercicio, si procede, de las acciones oportunas». Más concretamente, la Comisión ya está trasladando la documentación sobre los contratos y pagos realizados por ICM (Informática de la Comunidad de Madrid) a la empresa AVANZIT por trabajos «en los que se han detectado irregularidades que pudieran ser constitutivas de delito».

Además, se insta al Gobierno a tomar «cuantas acciones judiciales sean necesarias» para exigir «responsabilidades civiles contra los responsables de los quebrantos patrimoniales de los recursos públicos para la recuperación del daño económico provocado al patrimonio público».


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