Las demandas del 15M que se lograrían solo cumpliendo la Constitución

Las demandas del 15M que se lograrían solo cumpliendo la Constitución

La ley fundamental cumple cuatro décadas, pero muchos de sus derechos y deberes básicos siguen sin cumplirse en pleno debate sobre una posible reforma.
6 diciembre, 2018
Violeta Muñoz
Indignados en la Puerta del Sol. Foto: EP.
  • Política

Las demandas del 15M que se lograrían solo cumpliendo la Constitución

Violeta Muñoz
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La placa que conmemorará el 15M ha llegado a la Puerta del Sol justo a tiempo para el aniversario de la Constitución. Como cumple 40, el habitual debate sobre si hay que reformarla, cómo, cuándo y por qué es este año más intenso. Sin embargo, muchas de las exigencias ciudadanas que se plantearon desde las plazas de todo el país hace más de siete años podrían ser hechos consumados solo obedeciendo a la Constitución que ya tenemos.

La primera y más evidente es la vivienda. La Constitución dice, en su artículo 47, que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que de ello se encargarán los poderes públicos, con especial hincapié en “impedir la especulación” con el suelo.

El drama de los desahucios convirtió a la vivienda y la cancelación de las deudas hipotecarias en piedra angular del 15M. Ada Colau entró en el Congreso para defender una Iniciativa Legislativa Popular que pedía la dación en pago retroactiva, apoyada por las firmas de casi millón y medio de personas. El PP la desactivó en 2013 al unir el texto con una propuesta del partido y dejó fuera lo que la Plataforma de Afectados por las Hipotecas consideraba el meollo de la iniciativa ciudadana.

De aquellos barros surgieron los escraches a políticos. Y más tarde, el Constitucional tumbó leyes de viviendas autonómicas. Fue emblemática la conocida como ‘ley antidesahucios’ andaluza, puesta en marcha en 2013 y recurrida por el Gobierno central. En 2018, la Ley de Vivienda de la PAH sigue sin ser aprobada.

Los privilegios de la clase política

Otro gran hit de la Puerta del Sol fue exigir el fin de las prebendas políticas. ¿Dietas de alojamiento de diputados con casa en Madrid? ¿Coches oficiales, cargos a dedo, sueldos vitalicios para expolíticos? Todo aquello estalló ante la precariedad de muchos de los que se secundaron las protestas, los desahucios, el paro y la emigración de cientos de jóvenes y no tan jóvenes.

Es cierto que uno de los apartados de esa demanda sí implica cambiar la Constitución: el fin de los aforamientos. Es el privilegio que permite a cargos políticos e institucionales no ser juzgados en tribunales ordinarios, sino en el Supremo. Actualmente hay unos 250.000 puestos amparados por ese sistema y Pedro Sánchez ha asegurado que habrá una reforma exprés para suprimir el aforamiento de políticos.

Pero el resto de medidas anti- privilegios del 15M, como el control del absentismo de cargos electos, salarios alejados del sueldo medio español y dietas no debidamente justificadas o transparencia en el patrimonio personal de los cargos electos pueden regularse desde las propias instituciones con la actual Carta Magna.

Desempleo

El bloque estrella de la precariedad. En el 15M se pidió que el trabajo se repartiera mejor hasta que el paro bajase a niveles mínimos. Por otro lado, todos los ciudadanos tienen “el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”. ¿Parecidos razonables? Lo segundo no lo dijo el 15M, es el artículo 35 de la Constitución.

De nuevo, la jubilación a los 65 años sin aumentos próximos, la eliminación de despidos colectivos mientras haya beneficios, fiscalizar mejor el empleo temporal de las grandes empresas y mantener los subsidios por desempleo a todos los parados de larga duración son demandas que pueden activarse fuera de la Constitución y, en este caso, también para cumplirla.

Separación Iglesia- Estado

Como muchos otros movimientos desde que la democracia volvió a España, el movimiento de los indignados reivindicó la separación real de Iglesia y Estado. Nuestra ley fundamental dice que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”.

Pero en este caso no hemos topado con la Iglesia sino con el Concordato, firmado con el Vaticano en la dictadura pero actualizado en cuatro acuerdos de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede. Ellos mismos recogen la aconfesionalidad del Estado. Sin embargo, las ventajas fiscales para la Iglesia, los conflictos por las inmatriculaciones y la no separación real de Iglesia y Estado – evidente en multitud de actos católicos con participación de las instituciones- siguen siendo el pan de cada día.

 


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