Víctimas de Angrois exigen responsabilidades a los exministros Ana Pastor y José Blanco

Víctimas de Angrois exigen responsabilidades a los exministros Ana Pastor y José Blanco

La plataforma lleva cinco años en lucha reclamando las "responsabilidades políticas" del suceso, todavía por cerrar
8 febrero, 2019
Luis Casal
Los exministros de Fomento José Blanco (PSOE) y Ana Pastor (PP).
  • Judicial

Víctimas de Angrois exigen responsabilidades a los exministros Ana Pastor y José Blanco

Luis Casal
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La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia, que en julio de 2013 dejó 80 muertos en el barrio compostelano de Angrois, se concentrará el próximo lunes frente al Congreso de los Diputados para exigir responsabilidades a Ana Pastor (PP) y José Blanco (PSOE), antiguos titulares de la cartera de Fomento. Los dos exministros comparecerán durante la comisión de investigación sobre el suceso, reabierta hace unos meses.

La protesta de la asociación de víctimas, a las 16.00 horas del lunes, tratará de poner en evidencia la supuesta «responsabilidad política» del siniestro, señalada ampliamente -aunque nunca de forma concreta- en los informes de peritos independientes y de la propia Agencia Ferroviaria Europea (ERA, por sus siglas en inglés). Al margen de esta investigación, el suceso también se dirime en los juzgados de Santiago, que lleva desde el año 2013 depurando las responsabilidades penales.

Reclaman las «claras responsabilidades políticas» de los dos exministros, que todavía no han comparecido.

En todo el clima de la protesta habrá un claro carácter reivindicativo, ya que las víctimas solicitaron comparecer en la comisión de investigación, pero un pacto entre PP y PSOE impidió que se pronunciaran en público. Finalmente discutieron con la plataforma a puerta cerrada, lo que para sus portavoces supone un «escándalo» y una nueva «afrenta» de dos partidos que solo buscan exculparse. Pastor, hoy presidenta del Congreso, y Blanco, eurodiputado, tienen a ojos de las víctimas «claras responsabilidades políticas» en la tragedia.

A la espalda de las víctimas se encuentra una larga cola de informaciones institucionales contradictorias, encubrimientos de informes y designaciones políticas irregulares que marcaron el fatal siniestro. En el caso de las investigaciones independientes, tanto Bruselas como Moncloa silenciaron documentos críticos con el caso y muchos de los exdirigentes de Adif y Renfe se negaron a declarar sobre el incidente. Seis años más tarde siguen desvelándose nuevas documentaciones.

La exministra de Fomento y actual presidenta del Congreso, Ana Pastor (PP). Foto: PP.
La exministra de Fomento y actual presidenta del Congreso, Ana Pastor (PP). Foto: PP.

Blanco y Pastor, responsables políticos

En un comunicado de prensa, señalan a José Blanco porque «publicitó a bombo y platillo (…) que se incrementaba la seguridad y que tanto la línea como el tren contaban con los sistemas de seguridad» que hubieran evitado el accidente. «Engañó a toda la ciudadanía», aseguran, por haber adelantado los plazos de apertura debido a las elecciones.

En lo que respecta a la actual diputada y presidenta del Congreso, los afectados del accidente le reprochan que «prometió, tanto en privado como en sede parlamentaria, una investigación técnica independiente y plena colaboración con la justicia» que nunca se llevó a efecto. Diferentes jueces señalaron la «falta de colaboración con la Justicia» por parte del ministerio de Pastor, teniendo que pasar cuatro años para que Adif y Renfe entregaran documentación clave, como la desconexión de los sistemas de seguridad en el trayecto del tren.

«Tuvimos que ir a Europa para que nos trataran como verdaderos ciudadanos, y finalmente la UE, pese a las presiones del Gobierno, desmontó en un demoledor informe la ‘verdad oficial’ que con Ana Pastor a la cabeza, quisieron imponer», sentencian.

El exministro de Fomento José Blanco (PSOE). Foto: Wikimedia.

Europa desmiente los informes del Gobierno

En el año 2016, la Agencia Ferroviaria Europea emitió un informe encargado por la Comisión Europea para investigar el descarrilamiento del tren Alvia 04155. Tras varios años, la agencia concretó que el Gobierno de España, a través de la CIAF, no había abordado “elementos clave” del caso y que no había realizado una investigación independiente, ya que tanto Renfe como Adif habían formado parte de los equipos de investigación. Las conclusiones oficiales de Fomento, por tanto, estaban ocultando cuatro datos esenciales:

El primero es que el ministerio del exministro José Blanco (PSOE) habría inaugurado la línea “de forma apresurada y sin el procedente análisis de riesgos”, sobre todo en los tramos más peligrosos de la travesía. El trecho entre la curva y la larga recta que la precedía, por tanto, no contaba con la regulación correspondiente a pesar de que el proyecto llevaba años aprobado y en ejecución.

El Gobierno ocultó que Adif no había realizado evaluaciones de riesgos previas al accidente.

El segundo dato sería la supuesta desconexión del sistema de seguridad ERTMS, que hubiera evitado el accidente. Ya durante el Gobierno del PP, el ministerio de Fomento de Ana Pastor habría ordenado suprimir en junio de 2012 ese sistema antes de la curva de Angrois debido a que generaba retrasos (por pasar de 200 a 80 kilómetros por hora). Según afirma la Asociación de Víctimas, se invirtieron más de 150 millones de euros en un sistema que no estaba operativo y que hubiera evitado el accidente.

Un tercer hecho supuestamente encubierto sería el del aviso del jefe de maquinistas José Ramón Iglesias Mazaira. El tramo de la curva, que siempre había dado que hablar entre compañeros de profesión, venía recogido en un informe del maquinista de diciembre de 2011 “que recomendaba cambiar la señalización”, según informan varias fuentes. El gerente del área, Fernando Rebón, afirmó el pasado septiembre ante el juez de instrucción que este informe “para nada” había llegado a sus manos. El mismo Rebón pidió hace unos meses su desimputación a la Audiencia Provincial de A Coruña, que la semana pasada desestimó.

Por último, la evaluación del Gobierno de España ocultó que Adif no había realizado ninguna evaluación de riesgos previa al accidente. Según la UE, este análisis tenía que haberse hecho antes y haber aplicado medidas de control para prevenir de la curva.


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