El Pacto Educativo en España
La Mirada de Francisco Pérez Rodríguez Patiño

El Pacto Educativo en España

9 julio, 2019
Francisco Pérez Rodríguez Patiño
Aula en un centro educativo en España. Europa Press
  • Educación

La Mirada deFrancisco Pérez Rodríguez Patiño

El Pacto Educativo en España

Francisco Pérez Rodríguez Patiño
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Después de toda una vida profesional dedicada a la enseñanza e, incluso, a la educación, voy a hacer balance de una de las cuestiones que más me han preocupado: un marco legal estable que permitiera ejercer la profesión docente sin estar sometido a los vaivenes de la alternancia en el poder político. Vamos, la necesidad de que no nos vuelvan locos tanto a los alumnos como a los profesores.

Las razones que hacen necesario ese Pacto educativo son, según José Antonio Marina, Carmen Pellicer y Jesús Manso en “Papeles para un Pacto educativo”:

1.- La complejidad de la educación y de los desafíos a que se enfrenta continuamente hace indispensable la implicación del mayor número de agentes, tanto del ámbito educativo como de la sociedad en general.
2.- Las mejoras educativas son apreciables a medio y largo plazo, por lo que requieren tiempo y estabilidad, a la vez que flexibilidad para adaptarse a los inevitables cambios.
3.- La tercera razón es que, dada la gran importancia social que tiene la educación, se corre el riesgo de su ideologización política, religiosa o económica
4.- Con frecuencia suele pensarse que un Pacto es necesario para alcanzar un acuerdo legislativo, pero en el caso de la educación es necesario prolongarlo para la puesta en práctica de las leyes. Una ley de educación sólo es útil cuando cambia lo que sucede en las aulas.

Pero el artículo 27 de la Constitución de 1978 es muy ambiguo y permite que las Leyes educativas de ámbito estatal y autonómico deriven hacia uno u otro de los modelos educativos enfrentados en España desde el siglo XIX: por un lado, el que reconoce a las familias y a la Iglesia que la educación pertenece a la esfera de lo privado, y el Estado sólo ejerce un papel subsidiario y financiador; y por otro, el que proclama la educación como servicio público, que ha de ser garantizado, y regulado, por el Estado.
Los modelos aplicados en los Estados que sí han logrado pactos educativos se decantan claramente hacia el modelo de enseñanza pública, laica y gratuita, buscando la cohesión social y territorial. En España no parece posible ese consenso.

«El artículo 27 de la Constitución de 1978 es muy ambiguo y permite que las Leyes educativas de ámbito estatal y autonómico deriven hacia uno u otro de los modelos educativos enfrentados en España desde el siglo XIX»

En las últimas semanas padres y madres han tenido que tomar decisiones de gran trascendencia para sus hijos: ¿en qué centro matriculo a mi niño/a?, ¿qué quiero que se le enseñe?, ¿con quiénes quiero o no quiero que comparta aula?, ¿qué oportunidades académicas ofrece cada centro?, ¿pública, concertada o privada?, ¿bilingüe o trilingüe?, ¿laica o religiosa? ¿pedagogía avanzada o tradicional? Las cuestiones pueden ser infinitas, aunque la mayoría de las veces será una cuestión geográfica, la cercanía, y otra económica, el precio, las que determinarán la elección del centro.

Otra cuestión que puede resultar decisiva es la Comunidad Autónoma en la que busquemos plaza, y si cambiamos nuestra residencia de una a otra … puede haber lío. Mirando el Informe sobre el Sistema Educativo de la Comunidad de Madrid 2018, comprobamos que el gasto público por alumno en los niveles no universitarios es, aproximadamente, LA MITAD que en Euskadi (4.593 € frente a 8.975€). Así que la CAM, pomposamente designada como la punta de lanza del crecimiento económico del Estado, resulta que es la Comunidad Autónoma que menos invierte en la formación de sus jóvenes. Podemos aventurar el futuro que aguarda a las generaciones madrileñas.
Pero no hay que preocuparse en exceso: tus hijos/as no padecerán los problemas del sistema madrileño de educación porque sus progenitores compensarán con clases de apoyo, extraescolares, campamentos de verano, profesores particulares y muchas horas de ayuda con los deberes las carencias que la inversión pública en educación más baja de toda España puede provocar.

La CAM aplica desde la llegada del PP a su gobierno una política educativa con una finalidad muy clara: segregar a los alumnos en función de su capacidad económica, de su religión, de su clase social. Veamos algunos ejemplos:
– EL BILINGÜISMO: en los centros bilingües los alumnos cuyas familias no pueden costear clases extraescolares y estancias en el extranjero simplemente tienen un 90% de probabilidades de ser excluidos del programa.
– LOS PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA: entre 2008 y 2016 los recursos destinados a estos programas han bajado un 47%. Los alumnos más desfavorecidos, frecuentemente inmigrantes y de grupos sociales más necesitados de integración a través de la educación son claramente discriminados. Los PMAR, que deberían atender a los alumnos con más dificultades para obtener el título de ESO, han resultado un fracaso.
– LA INSPECCIÓN EDUCATIVA: su labor es prácticamente inexistente en los centros concertados y privados. La tarea que llevan a cabo en los centros públicos se centra, ante todo, en recortar sus recursos humanos.
– NUEVOS CENTROS: en los nuevos barrios se ha promovido la construcción de centros privados-concertados regalando suelo y garantizando conciertos en vez de ofrecer colegios e institutos públicos.
– RECORTES EN LOS CENTROS PÚBLICOS: más alumnos por aula, más horas lectivas y complementarias para los profesores, concentración en estos centros del alumnado más desfavorecido.
Madrileñito que vienes al cole, te guarde Dios …


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