El poder político y los aparatos del Estado
La Mirada de Jacinto Vaello

El poder político y los aparatos del Estado

El autor relata los peligros que entraña la autonomía de los aparatos permanentes del Estado
11 abril, 2019
Jacinto Vaello
El Congreso de los Diputados. Foto: EP.
  • Opinión

La Mirada deJacinto Vaello

El poder político y los aparatos del Estado

Jacinto Vaello
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Multitud de casos recientes conducen a la necesidad de ser conscientes de tales peligros. Los manejos del ministro Fernández Díaz, los espionajes urdidos por los dirigentes populares de la Comunidad de Madrid, el caso Villarejo y su red policial…, todo esto forma parte de un juego de alto riesgo, en el que la víctima principal es la ciudadanía que busca expresar desde la práctica democrática sus anhelos y sus necesidades.

El estado no es un aparato unitario. No lo es por la división de poderes ni por la multiplicidad de ámbitos que abarca; pero sobre todo no lo es por la separación de hecho existente entre sus aparatos renovados de legislatura en legislatura y sus aparatos permanentes. Por ejemplo, estos últimos son los que se hacen cargo de la represión directa, que la representación democrática puede o no suscribir. Es difícil imaginar una justificación cotidiana de ciertas prácticas policiales violentas por parte del gobierno de turno, pero lo cierto es que se permiten y se encubren la autonomía de actuación y la discrecionalidad en el uso de la violencia. Es decir, es perfectamente posible la convivencia de una representación democrática y un aparato permanente que vulnera precisamente los derechos por ella representados.

Lo que llamamos poder político, objetivo de la lucha electoral, es el conjunto de instituciones situado en el ámbito de los aparatos cuya dirección y cuya gestión se renuevan periódicamente. Una legislatura es el tiempo de vigencia de ese poder, cuyos límites no rigen para los aparatos permanentes. En los términos habituales de la lucha por el poder político, esta cuestión no forma parte de los objetivos explícitos de la estrategia de cambio: nada se dice de la intención de fiscalizar la acción de los poderes permanentes para que no se extralimiten, quizás porque este asunto se pierde en el fragor de otras batallas, o quizás por razones de inoportunidad. Esto puede condenar a quien se haga cargo de ese poder político a lidiar sin preparación previa y sin comunicación con la ciudadanía con unos poderes permanentes cuyo papel histórico ha sido frecuentemente el de freno de las transformaciones: la judicatura, la policía, el ejército, los servicios de información y otros aparatos permanentes están organizados y preparados para actuar respondiendo a propósitos de permanencia institucional y de continuidad política, que sin duda entrarán en colisión con algunas de las aspiraciones de cambio.

«La separación de poderes sigue siendo una semidesconocida en nuestro sistema institucional»

Puede hacerse extensiva esta apreciación al grueso del funcionariado de las administraciones públicas. La Ley de Amnistía de 1977 permitió recolocar a 32.000 funcionarios del aparato franquista, lo que se tradujo en la permanencia de una cultura de Estado no democrático y en la pervivencia de formas de gestión que siempre habían estado de espaldas a la población. De hecho, el 80% de las direcciones generales en el primer gobierno socialista estaba ocupado por altos cuerpos del Estado, procedentes de la época franquista, mientras que el 20% eran ocupadas por cuadros del partido. La continuidad del Estado franquista se produjo de una manera que podría calificarse de espontánea , confirmando que la parte permanente del Estado seguía en su sitio con independencia de que se hubiera entrado en una nueva época democrática.

No es poca cosa la autonomía de los aparatos permanentes del estado. Dados su origen y sus funciones, es necesario plantearse su transformación progresiva. En este proceso hay un componente que proviene de la debilidad del sistema democrático en España: la separación de poderes sigue siendo una semi-desconocida en nuestro sistema institucional, y hay que avanzar por este camino, con la ventaja de que ciertos sectores de la judicatura, por ejemplo, están ya poniendo en práctica una gestión independiente, como lo demuestra la ofensiva judicial contra la corrupción. Pero la verdad es que el componente más sólido y peligroso de esa autonomía se encuentra en la propia configuración del Estado, de la misma manera que por cierto ocurre en otros países: todos esos aparatos que no rinden cuentas ni están en general sujetos a normas que se lo impongan, y que, en realidad, tienden a ser opacos desde su nacimiento y en toda su trayectoria institucional.

Es indispensable avanzar hacia la obligatoriedad de dar cuentas de la propia gestión corriente, de manera que los aparatos permanentes respondan ante la representación democrática de la soberanía popular, en particular ante el Congreso. No existe otra forma de asegurar que el poder político se ejerce conforme a lo que los ciudadanos han elegido.

Al final, se consiga lo que se consiga internamente, terminamos por estrellarnos con la barrera del binomio Consejo Europeo-Comisión Europea o la del FMI y el Banco Central Europeo.

Pero hay una novedad que se ha consolidado del todo en este siglo XXI: se trata de la presencia del mayor aparato permanente que interviene en la política de cada uno de los Estados y del conjunto de la Unión Europea: el binomio Consejo Europeo-Comisión Europea. Como todos sabemos, porque las experiencias recientes son demoledoras, es el aparato de Estado de más difícil control, por no decir imposible, en las circunstancias actuales. De hecho, no responde a la voluntad popular de los europeos, tampoco a las orientaciones de los gobiernos de los Estados miembros, ni se detiene a la hora de imponer sus decisiones por encima de cualquier manifestación de soberanía popular. Ejemplo extremo de esto es el juego de despropósitos en las negociaciones del Brexit con el gobierno de Londres, donde ese binomio actúa por su cuenta y el interlocutor británico se encuentra al borde del colapso.

Y aquí está el quid de la cuestión: el modelo de Estado que tenemos en España ha de superar la propensión a cruzar las barreras de la separación de poderes y la acción de los poderes permanentes ha de supeditarse a las directrices de los poderes emanados de la voluntad popular; hasta ahí todo cabe en la lucha política dentro de los límites del Estado-nación. Pero, se consiga lo que se consiga internamente, terminamos por estrellarnos con la barrera del binomio Consejo Europeo-Comisión Europea, que por cierto cuenta a menudo con el refuerzo de otros dos pilares de la supranacionalidad y de la institucionalidad independiente de cualquier decisión democrática, que son el FMI y el Banco Central Europeo.

Quiere decir que, indefectiblemente, la lucha política tiene que plantearse en los Estados-nación unas metas que los trascienden. Esto puede formar parte del ideario y ser enunciado como componente de la estrategia del cambio en la contienda electoral, pero no tiene cabida entre los elementos que una opción política puede someter al refrendo de los ciudadanos hoy en día. Antes, necesariamente, habrá que explicar la importancia decisiva de someter a control los aparatos permanentes del Estado, empezando por los propios y siguiendo por los que se sitúan en la cúpula europea. Si esto no se explica es difícil que se entienda, y concretamente que se entienda hasta qué punto la acción autónoma de estos aparatos puede constituir una barrera infranqueable para la consecución de cualquier cambio que se propugne.


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