Los derechos de todas a subasta
La Mirada de Ana María Álvarez

Los derechos de todas a subasta

Las prestaciones sociales han sufrido un fuerte recorte, y se ha pasado de la gestión directa a la indirecta, no aplicando ni ratificando la Carta Social Europe
4 marzo, 2019
Ana María Álvarez
  • Opinión

La Mirada deAna María Álvarez

Los derechos de todas a subasta

Ana María Álvarez
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En las últimas semanas se ha hablado mucho de las causas de la deuda en las Administraciones públicas. Las fuerzas del cambio apostamos en 2015 por procesos de auditoría ciudadana de la deuda y han sido muchos los obstáculos los que hemos tenido que sortear: falta de acceso a la información, información incompleta y sesgada, paralización de las comisiones de trabajo solicitadas… Pese a ello, hemos obtenido datos muy reveladores de las causas que han originado esta situación.

El recién estrenado documental ‘¿Quién ha hipotecado tu ayuntamiento?’, en el que he colaborado como concejala en Parla, una de las ciudades más endeudadas de España, muestra patrones comunes en municipios tan diversos e independientes como Jerez, Jaén, Parla, Puerto Real, Cádiz o Madrid. Obras faraónicas, sobrecostes que duplicaban los importes iniciales de proyectos, contratos más ventajosos para el adjudicatario que para la administración y dónde los licitantes no tenían ningún tipo de riesgo en la prestación de los servicios y obras son algunos de ellos.

Los mismos que el dictamen final de la Comisión de Corrupción que se ha  llevado a cabo esta legislatura en la Comunidad de Madrid, donde se ha puesto de manifiesto la repetición de los citados patrones en la gestión del Canal de Isabel II y su vinculación a Canal Extensión, en Telemadrid y su empresa instrumental, en Arpegio gestionando las obras del Plan Prisma, en la Ciudad de la Justicia, en el metro ligero de Pozuelo, en la M45 o la construcción de siete hospitales públicos de concesión privada. Los mismos que han provocado un aumento de la deuda de 11.380 millones en 2008 a 33.000 al cierre del pasado ejercicio.

Estas prácticas tan frecuentes en los últimos años provocaron que la deuda se disparara y que el Estado modificara el artículo 135 de la Constitución, para anteponer el pago de la deuda a cualquier otra necesidad básica. Mientras tanto, se crearon mecanismos de financiación para que las Administraciones obtuvieran liquidez y los intereses, muy superiores al precio real por el que los bancos obtenían el dinero, agravaron una situación que acabó por enviar a subasta los derechos de la ciudadanía, a base de recortes destinados a cubrir las obligaciones financieras.

Así, a finales de 2014, el gasto público de la Comunidad de Madrid registró un notable descenso: 20,70% en los servicios públicos básicos (como la seguridad ciudadana), 10,70% en las actuaciones protección y promoción social (empleo, vivienda y protección social), 13,90% en la producción de bienes públicos de carácter preferente (sanidad, educación y cultura), 30,90% en las actuaciones de carácter económico (transporte, industria, energía, I+D+i ..) y se incrementaron un 169% las actuaciones de carácter general (administración financiera y tributaria, deuda y alta dirección, entre otras). Casi 3.000 millones de recortes para pagar las deudas generadas por las malas prácticas de los gobiernos anteriores.

“Los 667 millones menos en Educación, y la trasferencias de recursos a los conciertos privados, han impedido disponer de más becas, invertir en centros de enseñanza”.

Los derechos de la ciudadanía que han sido llevados a subasta han provocado un recorte de 1.038 millones en sanidad, que nos han abocado a tener menos inversión, menor gasto farmacéutico y menos profesionales en el sector. Es importante que la ciudadanía sepa que los 667 millones menos en Educación, y la trasferencias de recursos a los conciertos privados, han impedido disponer de más becas, invertir en centros de enseñanza y dotar a los centros educativos públicos del número necesario de profesionales. Esto ha provocado un aumento de las ratios y una evidente masificación, que merma la calidad de la enseñanza.

Las prestaciones sociales han sufrido un fuerte recorte, y se ha pasado de la gestión directa a la indirecta, no aplicando ni ratificando la Carta Social Europea, lo que hace que nuestro sistema de prestaciones no sirva para paliar los elevados datos de exclusión y pobreza de nuestra región.

Ante los abusos de poder, desde Equo Madrid apostamos por la transparencia, la democracia participativa y por la defensa de los derechos de las personas y de los recursos naturales.


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