El Supremo fija las indemnizaciones del Prestige en más de 1.500 millones de euros

El Supremo fija las indemnizaciones del Prestige en más de 1.500 millones de euros

España, Francia, la Xunta de Galicia y 269 afectados más se repartirán estás cantidades que pagarán una aseguradora privada, la empresa y el capitán del barco.
20 diciembre, 2018
L. Martín Cortés
Foto: EP.
  • Medio Ambiente

El Supremo fija las indemnizaciones del Prestige en más de 1.500 millones de euros

L. Martín Cortés
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La Sala II del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia definitiva sobre la responsabilidad civil derivada de la catástrofe del Prestige, que fija indemnizaciones por importe superior a los 1.500 millones de euros, que deben repartirse entre el Estado español -como principal perjudicado-, el francés, la Xunta de Galicia y otros 269 afectados por el vertido que son particulares, empresas, mancomunidades, ayuntamientos y sociedades.

La sentencia, a la que ha tenido acceso LA MIRADA COMÚN, modifica diversos aspectos del auto de la Audiencia de A Coruña de 2017. Atendiendo a los recursos de Francia y España, establece que en las indemnizaciones por responsabilidad civil reconocidas a ambos Estados deben incluirse las cantidades correspondientes al IVA abonado en las tareas de reparación del daño sufrido, concepto que en el caso del Estado español asciende a 43,6 millones de euros.

Reconoce que a España no se le pueden descontar de la indemnización las ayudas de la UE.

El Supremo ha acordado, al estimar otro punto del recurso del abogado del Estado que, en contra de lo resuelto por la Audiencia, de la cuantía reconocida a España no pueden ser descontadas las cantidades recibidas en concepto de ayudas de fondos comunitarios, cuantificada por uno de los responsables civiles, en concreto la aseguradora londinense, en más de 275 millones de euros, y añade a las indemnizaciones los intereses.

Otro aspecto corregido es la indemnización reconocida a la Xunta de Galicia por la tarea de la Sociedad Gallega de Residuos Industriales (SOGARISA), por importe de 1,87 millones de euros, de la cual se mantienen 1,1 millones, correspondientes a la eliminación de residuos del Prestige, pero se retiran los 751.555 euros relativos al coste estimado de la puesta a punto de dicha instalación, ya que esta segunda indemnización no se solicitó en el juicio, lo que vulnera el principio de rogación en esta materia.

Las reparaciones a la Xunta de Galicia se mantienen en más 500 millones.

En cualquier caso, según recordaba el auto de la Audiencia, el grueso de la indemnización a la comunidad autónoma gallega se formalizó mediante un acuerdo transaccional con el Estado en el año 2005 por importe superior a 500 millones de euros, subrogándose el Estado en las reclamaciones futuras.

El Supremo estima también el recurso de la Fiscalía, que discrepaba de los términos establecidos en el auto de la Audiencia. En ese escrito se acordó que fuesen las partes quienes instasen la ejecución de la resolución en el Reino Unido, donde tiene sede la aseguradora. La sentencia destaca que la Ley de Enjuiciamiento Criminal previene la actuación de oficio por el juez español.


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