Una mirada al cannabis

Una mirada al cannabis

La legalización en Canadá recupera el debate sobre el uso tanto recreativo como medicinal de la marihuana.
26 octubre, 2018
Gabriel Santiago Fuentes
Foto: Pixabay.
  • Sanidad

Una mirada al cannabis

Gabriel Santiago Fuentes
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Canadá ha legalizado el cannabis para su uso recreativo este verano y las imágenes del inicio del funcionamiento de su mercado legal, protagonizadas por largas colas y desabastecimiento, han dado la vuelta al mundo. Se trata del segundo país en hacerlo, sumándose así a Uruguay y a varios estados de EEUU.

Este nuevo impulso a la ola regularizadora ha vuelto a poner los focos en el debate sobre su uso en España. Un número creciente de asociaciones relacionadas con su cultivo y consumo, así como una aceptación social cada vez mayor, forman un contexto favorable en el cual Podemos ha anunciado
su propuesta de regularización en el Congreso para el próximo mes de enero.

El primer paso para entender la situación del cannabis en nuestra sociedad debe ser un análisis de los resultados conseguidos por la estrategia actual, conocida como “la guerra contra la droga”, que lleva ya muchas décadas en activo a nivel mundial. En ese sentido, resulta esclarecedor leer el informe Balance de una década de políticas de drogas, publicado hace tan solo unos días por el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), que analiza la década 2009-2019. El informe ofrece datos que ponen de manifiesto el fracaso total de la estrategia enfocada a reducir o
eliminar el cultivo, consumo y distribución de droga, así como señala que los efectos han sido contraproducentes en muchos casos. También, entre sus recomendaciones, anima a los países de la ONU a abandonar los planteamientos punitivos, es decir, a cambiar de estrategia.

En España en 20 años las personas que alguna vez han consumido pasaron del 14.5% al 31.5%.

El cannabis, siendo ésta la droga ilegal más consumida en el mundo, no es una excepción: en España, en el período 1995-2015, la cantidad de gente que lo ha consumido alguna vez ha crecido del 14.5% al 31.5% de la población, mientras que en su consumo habitual el incremento ha ido del 0.7% al 2.1%, según la Encuesta sobre alcohol y otras drogas en España del Ministerio de Sanidad.

Basta revisar la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales (DSM-5), publicado por la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) en 2013, para entender que el cannabis es una sustancia relacionada con diversos cuadros clínicos. Dado su carácter psicoactivo está especialmente contraindicada para menores, puesto que su cerebro se encuentra en un período crítico de su desarrollo neuronal. Esto sitúa a la salud pública como el eje principal en torno al cual diseñar una regulación responsable para el cannabis, siendo ya el bien jurídico protegido por la legislación vigente.

En ese sentido, la experiencia de Colorado nos muestra cómo su regularización no ha aumentado el consumo a ningún nivel en la población, lo cual se añade al beneficio para la seguridad que suponen los controles sanitarios en su producción, transporte y distribución. Su control ayudaría a alejar a los menores de su consumo, mientras que en el largo plazo la información y educación sobre la materia parecen mejores estrategias que el tabú, ya que una persona consciente de los riesgos asociados tiende a ser más responsable.

En términos de seguridad, la delincuencia descendería si la regulación fuese efectiva trasladando la demanda al mercado legal, así como supondría un descenso de la población reclusa. En cuanto a su dimensión económica, resulta indiscutible que la regularización tendría efectos positivos. La
discusión aquí gira en torno a las cifras, donde un factor común a las experiencias existentes es que, tanto la creación de puestos de trabajo, como el aumento de ingresos vía impositiva, han superado todas las expectativas. A esto hay que sumar el descenso en gasto policial, judicial y carcelario que
supondría el fin de la delincuencia relacionada con el cannabis. Por último, pero no menos importante, una regulación con criterios sociales y medioambientales potenciaría el desarrollo rural, las cooperativas, el comercio de proximidad y las exportaciones.

23 países europeos más Canadá y parte de EEUU ya utilizan algún tipo de variante medicinal del cannabis.

Otro tema es el uso del cannabis como medicamento, el cual genera una gran controversia en la actualidad. Al mismo tiempo que Canadá, Israel, Alemania y Holanda legislan su uso, las mayores agencias controladoras de medicamentos del mundo, como la EMA o la FDA, mantienen su desaprobación. No sucede lo mismo cuando hablamos de medicamentos basados en cannabinoides, como es el caso de Sativex en España o Epidiolex, Marinol, Syndros y Cesamet, aprobados por la FDA: 23 países europeos y Canadá, así como más de la mitad de estados de EEUU, ya cuentan con al menos uno de ellos en sus sistemas de sanidad.

Si revisamos la literatura científica actual al respecto, encontramos que el número de estudios realizados, metodológicamente rigurosos, es muy escaso, por lo que la conclusión en la mayoría de casos lleva a la necesidad de investigar más, diseñando así tratamientos que cumplan con los
principios de eficacia, seguridad y calidad, al igual que el resto de medicamentos. La mayoría de estudios a medio y largo plazo del impacto del cannabis sobre la salud se han realizado sobre un uso recreativo, por lo que tampoco hay un conocimiento real de su impacto en pacientes crónicos.

Los tiempos de la ciencia son lentos, pero necesarios. Mientras tanto, las personas que quieran automedicarse con cannabis, si se regulariza para su consumo, podrán ejercer este derecho sin ser penalizados por ello y con un producto bajo control sanitario. En ese sentido, el trabajo de asociaciones como el Observatorio Español de Cannabis Medicinal resulta de gran ayuda, siendo siempre recomendable contar con una persona profesional de la sanidad para el asesoramiento e informar al especialista habitual para la correcta evaluación de la evolución clínica del paciente.

A pesar de que la evidencia científica sea escasa y la información sin rigor científico abundante, no es un caso de pseudociencia, por lo que debemos demandar que se facilite y promueva su investigación.


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